Preguntas Frecuentes

Oficina Control Asuntos Disciplinarios

  1. ¿Qué es una ley disciplinaria?
  2. ¿Qué es el derecho disciplinario?
  3. ¿Qué es la oficina de control asuntos disciplinarios?
  4. ¿Quiénes son los sujetos disciplinables?
  5. ¿Quiénes son los servidores públicos?
  6. ¿Qué es una falta disciplinaria?
  7. ¿Cómo se inicia una acción disciplinaria?
  8. ¿Qué obligación adquieren los servidores públicos?
  9. ¿Por qué permite la norma que se sancione al funcionario público?
  10. ¿Qué se espera de la conducta de un servidor público?

Es aquella disposición o precepto jurídico dirigido a regular el debido ejercicio de la función pública y a sancionar las consecuencias que genera el incumplimiento. Nos señala cómo debe ser, el actuar del servidor público, prohíbe la realización de determinadas conductas y las consecuencias de no observar tales prohibiciones.
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Conjunto de principios y normas jurídicas que permiten al ESTADO dentro del marco de garantías fundamentales ejecutar la facultad SANCIONATORIA, no sólo sobre los servidores públicos, sino también sobre particulares que cumplan funciones públicas, cuando con su conducta incurran en Faltas Disciplinarias ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones.
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Es la dependencia encargada de conocer en primera instancia los procesos que se adelanten contra sus servidores públicos y los estudiantes de la Universidad del Quindío. El control disciplinario consiste en el poder punitivo del Estado frente a la violación de la Constitución, la ley o el reglamento, por parte de los servidores públicos lo que le permite vigilar la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas,” sentencia C-996-01
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Según el Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código.
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Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al Estado, a la administración pública. Según el artículo 123 de la Constitución de 1991," los servidores públicos son los miembros de las corporaciones públicas, lo empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios".
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Se entiende como toda violación a las prohibiciones, deberes, al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y abuso o extralimitación en el ejercicio de los derechos y funciones, salvo las amparadas en las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el Artículo 28 de Código Disciplinario Único (fuerza mayor, caso fortuito, estricto cumplimiento de un deber legal, insuperable coacción ajena o miedo insuperable).
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• De manera oficiosa, • por queja, • por información de servidor público o • por otro medio que amerite credibilidad. • No procede por anónimos, a menos de que éstos contengan elementos suficientes para orientar la acción disciplinaria.
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Los funcionarios públicos en cumplimiento de las funciones y el servicio que se nos ha encomendado, adquirimos una serie de obligaciones de comportamiento relativas a la diligencia, eficiencia, imparcialidad y la de abstenerse a realizar una serie de actos -acciones u omisiones- que puedan originar la suspensión o perturbación de un servicio o el abuso de poder, o incurrir en un conflicto de interés, en una función encomendada. La obligación de todo servidor público exige un modelo de comportamiento de tratar con respeto, integridad, honradez, y rectitud a las personas con las cuales tenemos contacto por razón del servicio. Los servidores públicos, a diferencia de los particulares, no solo responden por la infracción de la Constitución y la ley, sino además por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como lo prevé el Artículo 6º de la Carta Política, razón por la cual su comportamiento debe ser ejemplar frente a la sociedad; de lo contrario, debe hacerse responsable por las consecuencias de sus actos. Se recogen igualmente dos principios constitucionales que marcan una línea clara de trabajo para la administración pública: por una parte, el desarrollo de las tareas orientadas al servicio de los intereses generales y, por otra parte, un control propio de cada entidad para el desarrollo de su misión hacia el futuro.
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La acción sancionatoria se aplica. Por la sistemática vulneración del orden jurídico por parte de un servidor público. Es decir, no se trataría de castigar incumplimientos determinados, sino la actitud de un funcionario de trasgresión metódica del ordenamiento. La acumulación de incumplimientos de las obligaciones legales por parte de un servidor público adquiere una entidad, una sustancia propia, distinta de la de cada uno de los hechos que configuran esa invariable actitud de desacato a las normas jurídicas. Es precisamente esa conducta autónoma y propia la que podría llegar a ser sancionada
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Por mandato constitucional, legal y según jurisprudencia suficientemente decantada se espera de los servidores públicos (llamase profesores, directores, empleados de carrera, trabajadores, empleados de libre nombramiento y remoción, provisionales, contratistas) que éstos correspondan al modelo de ciudadano, cumplidor, de sus deberes y obligaciones, no sólo dentro de la institución sino por fuera de ella. Ha dicho La Corte Constitucional: “los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales y que no lesionen la imagen pública del Estado. Detrás de este objetivo pueden encontrarse varias razones: por un lado, que los funcionarios son la representación más visible del Estado y se espera que sus actuaciones concuerden con las visiones que se proponen acerca de la colectividad política y del papel de cada uno de los asociados dentro de ella; por otro lado, que los servidores públicos son los encargados de realizar las actividades estatales en beneficio de los ciudadanos y que, en consecuencia, deben brindar con su vida personal garantía de que en el desarrollo de sus labores responderán a los intereses generales de la comunidad; de otra parte, que, en la medida de lo posible, los servidores públicos estén liberados de los inconvenientes y los trastornos que generan las continuas reyertas y desavenencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones privadas, de manera que puedan dedicarse de lleno a sus labores y que no involucren a las entidades estatales en esos conflictos; y, finalmente, que los funcionarios no se amparen en su calidad de servidores del Estado para cometer desafueros.” (Sentencia C-728 de 2000)
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